La criminalización de los inmigrantes

Xavier Caño Tamayo
Centro de Colaboraciones Solidarias. España, Enero de 2002.

La Unión Europea es destino ansiado de latinoamericanos, magrebíes, africanos subsaharianos,
kurdos, turcos, albaneses y ciudadanos del Este. La respuesta de Europa a esa tendencia inmigratoria ha sido intentar blindar las fronteras y legislar para dificultar la inmigración. En vano. El Eurotúnel (que une Francia con Inglaterra bajo las aguas del Canal de La Mancha) es utilizado diariamente por cientos de inmigrantes clandestinos; los puertos italianos han sido escenario de desembarcos masivos de cientos de albaneses y kurdos; miles de marroquíes, senegaleses y nigerianos han intentado llegar a las costas españolas en frágiles embarcaciones y unos cuantos aeropuertos europeos reciben miles de latinoamericanos que simulan ser turistas, pero se quedan a empezar una nueva vida.

Gran Bretaña vivió el pasado año violentos incidentes de signo racista con inmigrantes asiáticos y jóvenes blancos; en Alemania no cesan los atentados contra inmigrantes turcos o de origen asiático; Francia anida una considerable xenofobia que hace que un partido criptofascista, el de Le Pen, pueda estar presente en la política municipal y nacional; en Austria gana las elecciones un personaje racista y xenófobo como Haider y, recientemente, se alza con la victoria electoral en Dinamarca un político contrario a la inmigración y a los inmigrantes...

De todos los países que forman la Unión Europea, quizás el que más presión inmigratoria recibe sea
España. Aquí, el mayor crecimiento económico respecto a otros países europeos es debido en gran parte al flujo inagotable de trabajadores extranjeros, más baratos, prescindibles y dispuestos a los trabajos más duros. Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, durante 2001 una cuarta parte de los inmigrantes que llegaron a Europa se quedaron en España.

España es buen observatorio para analizar problemas de los inmigrantes en el "Eldorado europeo" y, entre ellos, el de convertirlos en chivo expiatorio. Durante años, la acusación europea más común contra la inmigración fue que quitaban el trabajo a los nacionales hasta que se vio y comprendió que los inmigrantes aceptaban los puestos de trabajo que los naturales del país rechazaban por duros y mal pagados. En los últimos años la pobreza se ha extendido por el mundo y ha crecido la delincuencia que afecta a la llamada seguridad ciudadana, es decir, los delitos menores, los hurtos, los tirones, las pequeñas estafas, las sustracciones en vehículos... La cultura xenófoba latente, a menudo expresión de los miedos no resueltos, ha señalado a los inmigrantes como responsables de esa situación. Y, acaso por ello, un informe del Ministerio del Interior español de 2001 indica que el número de delitos aumentó un 9,3 % respecto al año anterior y que en parte se explica por el aumento de la población debido a la inmigración.

Retorcido, pero claro. Las posteriores explicaciones desde la Dirección General de la Policía no desdibujan el hecho de que se ha relacionado directamente el incremento de la delincuencia con la inmigración.

Lo que no dice el informe de Interior es que en cuatro años ha descendido el número de policías hasta contar con 3.000 agentes menos; tampoco explica que en los últimos cuatro años el número de inmigrantes ha aumentado en un 104% en tanto que las personas de origen extranjero que han cometido delitos, sólo en un 9%.

En octubre pasado, la Dirección General de Policía envió a las jefaturas superiores y comisarías una
circular con instrucciones para vigilar especialmente a los inmigrantes colombianos y ecuatorianos, poniendo así bajo sospecha a 157.000 inmigrantes de esas nacionalidades. Lo sorprendente es que esa directriz policial ha contado con el beneplácito de la embajada de Colombia en España.

En la práctica, esa directiva de la Policía se ha traducido en vigilancias especiales de los lugares y
bares en los que se reúnen ecuatorianos y colombianos, cacheos y controles, amén de dificultades, lentitudes y obstáculos en la petición de residencia por arraigo de esos ciudadanos.

La justificación desde el Ministerio del Interior de la citada circular es "el progresivo incremento de las actuaciones delictivas perpetradas por grupos criminales o individuos procedentes de Colombia o Ecuador", lo que no deja de ser paradójico cuando, el propio Ministerio del Interior reconoce que sólo un 4,7% de los extranjeros detenidos por delinquir son colombianos, y, en el caso de los ecuatorianos, sólo un 1,5%.
Incluso un sindicato policial, el Sindicato Unificado de Policía, comentando el informe citado, ha declarado que "desde el Ministerio del Interior se ha intentado buscar una cabeza de turco, culpabilizar a los extranjeros del incremento de la inseguridad ciudadana".

Alemania, Francia, Gran Bretaña, Austria... han sufrido vaivenes en los que los naturales del país han temido a los que llegaban y los han hecho responsables de algunos de sus males. Pero lo cierto es que el Norte no puede prescindir de los ciudadanos del Sur porque, por muchas tensiones que haya y por muchas necedades racistas o xenófobas que se proclamen, los necesita, al margen del derecho irrenunciable que tienen a una vida digna. Y es completamente inútil pretender evitar el flujo inmigratorio porque, en última instancia, la Historia de los seres humanos, la Historia de la Tierra, es un constante movimiento emigratorio e inmigratorio en busca de la prosperidad y bienestar.