Resumen Latinoamericano

Un nuevo asesinato político enluta por estos días a las comunidades pehuenches en conflicto del cordillerano Valle del Rio Queuco, las mismas que desde el año 1999 a la fecha vienen impulsando un poderoso movimiento de recuperación territorial que ha puesto en jaque tanto a los cientos de colonos chilenos que desde hace décadas se venían 'instalando' literalmente en dicha zona, como el accionar propio del estado y sus instituciones siempre prestos a defender los intereses de los usurpadores y no precisamente los legítimos reclamos de las víctimas de aquel histórico despojo.

Esta vez la víctima fatal de la verdadera violencia 'terrorista' presente en el conflicto mapuche- chileno fue el joven Jorge Arturo Suárez Marihuan, pewenche de 27 años de la comunidad de Malla-Malla y de profesión paramédico, quién había desapareció de su hogar extrañamente el pasado 5 de diciembre, siendo encontrado su cuerpo sin vida a orillas del río Queuco recién el 11 diciembre pasado. Según testigos, el cuerpo del peñi Jorge presentaba claras evidencias de tortura y malos tratos al momento de ser encontrado por los propios lugareños en un sector conocido como Chinchintahue.

El joven pewenche, hermano del lonko de la comunidad Segundo Suárez y miembro del Consejo de Lonkos Tradicionales del Alto Bio-Bio, era integrante activo del proceso de recuperación de tierras en dicha zona del territorio mapuche, proceso mediante el cual en conjunto las comunidades de Trapa-Trapa, Butalelbun, Malla Malla y Cauñicú ya han logrado recuperar 16 mil hectáreas de tierras de las 30 mil que están en disputa con el Estado, empresas transnacionales y colonos chilenos en dicha zona cordillerana de la Octava Región.

La extraña muerte del peñi Jorge Suarez -que se suma a los asesinatos ocurridos el 12 de julio de 2002 de los hermanos Mauricio y Agustina Huenupe Pavian, werkenes de la comunidad Cauñicu del Alto Biobío y también miembros del Consejo de Lonkos Tradicionales-, deja de manifiesto una nueva forma de represión selectiva en el marco del conflicto mapuche, como lo es la acción de grupos anti-mapuches que a través del asesinato directo de los líderes de la resistencia pehuenche posibilitan mejores condiciones para la intervención directa en la zona del aparato del Estado y de los megaproyectos que aun mantienen en carpeta importantes empresas transnacionales como Endesa-España, por ejemplo.

Pehuenches exigen justicia

En Santa Barbara en tanto, un ferviente llamado a que la justicia chilena no deje en la impunidad el reciente asesinato de Jorge Suarez Marihuan realizaron dirigentes del Consejo de Lonkos del Alto Bio-Bio, quienes además denunciaron la complicidad de las autoridades de gobierno y colonos chilenos en el brutal crimen.
'Nosotros responsabilizamos al gobernador Esteban Krausse de la muerte de nuestro hermano, es el gobierno quién a dividido a las comunidades pehuenche y ha privilegiado el diálogo con un sector minoritario de dirigentes en la zona y aliados con los huinkas usurpadores, generando un clima de violencia en nuestras tierras... Aquí estamos ante un asesinato político que exigimos sea investigado y sus responsables llevados a la cárcel. Basta de injusticia, como en el caso de los hermanos Huenupe Pavian, también asesinados por colonos y pehuenches gobiernistas y cuyos responsables caminan libremente por las calles', declaró a Radio Bio-Bio, Pedro Suarez, dirigente pehuenche y hermano del joven asesinado.

Cabe destacar que por el asesinato de los hermanos Agustina y José Mauricio Huenupe Pavián, el Juzgado del Crimen de Los Angeles mantiene procesados como autores materiales del hecho a dos pehuenches de la comunidad Cauñicu y en calidad de cómplices a más de una docena de comuneros y colonos chilenos de la zona. Gran parte de los involucrados pertenecen a la Asociación de Lonkos del Alto Bio-Bio, organización pehuenche pro-gobiernista liderada en el Valle del Queuco por el werken Agustin Correa (dirigente expulsado el año 2000 de la resistencia a la represa Ralko) y que el viernes 16 de agosto realizó incluso una marcha por las calles de Los Angeles exigiendo la libertad de los pehuenches detenidos por la policía, varios de ellos autores confesos del doble asesinato. Hoy, la mayoría de ellos goza de libertad provisional.

Comunicado Público

Sumada a las declaraciones del dirigente Pedro Suárez y a través de un comunicado público, dirigentes de la comunidad pehuenche de Malla Malla a la que pertenecía el joven asesinado, denunciaron además de parte de la policía un trato discriminatorio en la investigación de la desaparición del comunero y en la posterior búsqueda de los responsables de su muerte.

'Ante la denuncia de presunta desgracia por la desaparición de Jorge Suárez, Carabineros se marginó de su búsqueda y se limitó solamente a dar órdenes una vez que sus familiares y amigos encontraron el cuerpo, actitud sin duda muy distante de la tenida con otros casos de desaparición que afectan a familias huinkas de la región. Por otro lado, hasta el día 18 de diciembre el juzgado de Santa Bárbara no había dado ninguna orden a la policía para investigar sobre cómo y en que circunstancias murió nuestro hermano, situación claramente atentatoria contra nuestros derechos', denuncian.

De la misma forma, los miembros de la comunidad acusan al Servicio Médico Legal de estar ocultando valiosa información respecto de las causas que provocaron la muerte del joven comunero, señalando que 'hasta el día de hoy se le ha negado a la familia tener acceso al informe del forense, argumentando que es secreto de sumario y solamente el juez tiene acceso a dicha información, en circunstancias que el día jueves 12 de diciembre, mientras se esperaba la entrega del cuerpo en el Instituto Médico Legal, el señor Guido Ríos (Jefe de Gabinete de la Gobernación) se comunicó con dicho servicio para obtener dicha información'.

Al parecer, no sólo el asesinato de comuneros por parte de carabineros, el arresto selectivo de dirigentes mapuches, los allanamientos policiales, las intervenciones telefónicas y la divulgación de informaciones falsas y tergiversadas por los medios de comunicación, forman parte de la actual estrategia utilizada por el gobierno chileno para 'desarticular' al movimiento mapuche, tal como lo reconoció hace un par de semanas en Concepción el propio Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil.

A este escenario represivo digno de los peores tiempos de la dictadura militar de Augusto Pinochet, se suman hoy el asesinato de dirigentes y miembros de comunidades por parte de grupos paramilitares u opositores a las movilizaciones desarrolladas por estas en defensa de sus derechos político-territoriales. Un escenario a todas luces preocupante, pero que constituye la piedra angular de la ofensiva represiva y político-judicial desatada por el gobierno de la Concertación en contra del Pueblo Mapuche y que se ha agudizado de manera trágica en los últimos meses.

Fuente:www.rebelión.org